Querétaro se ha convertido en el principal nodo de infraestructura digital de México. Microsoft, Google Cloud, Amazon Web Services, Ascenty y otras empresas ya operan instalaciones en el estado, mientras nuevos proyectos anuncian una expansión considerable de la capacidad instalada. En septiembre de 2025 el gobierno federal anunció, dentro del Plan México, una inversión de 4,800 millones de dólares de CloudHQ para construir seis centros de datos sobre 52 hectáreas. La expansión ocurre en una región sometida periódicamente a sequía y con comunidades que reportan problemas de abastecimiento de agua, cortes eléctricos y poca información sobre los requerimientos reales de las instalaciones.

El Bosque, una comunidad de Tabasco ubicada en la confluencia de los ríos Grijalva y Usumacinta con el Golfo de México, ha sido la primera en México en ser desplazada por el cambio climático, debido al aumento del nivel del mar que desde 2007 ha ido erosionando su territorio. Tradicionalmente dependiente de la pesca y la agricultura, la comunidad ha visto desaparecer su forma de vida mientras el Estado desestima su vulnerabilidad y rechaza sus solicitudes de reubicación justa y planificada. Desde 2022, los habitantes han exigido respuestas a las autoridades sin éxito, y en 2024 interpusieron una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alegando que la crisis climática no es un problema del futuro, sino una violencia estructural que ya los ha despojado de todo. A esto se suma la expansión de megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, que agravan los impactos ambientales y refuerzan un modelo extractivista que sigue desplazando comunidades. La Caravana El Sur Resiste denunció estos efectos y el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza responsabilizó al Estado mexicano por violaciones a los derechos bioculturales del pueblo maya. Aunque el gobierno ha anunciado la reubicación de El Bosque, no existe un plan integral para atender otras comunidades en riesgo, evidenciando la falta de preparación ante los efectos del cambio climático y la indiferencia institucional frente a los afectados.

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es una plataforma logística, ferroviaria, portuaria, energética e industrial creada por el gobierno federal en 2019 y administrada desde 2023 por la Secretaría de Marina. Articula los puertos de Coatzacoalcos, Salina Cruz, Dos Bocas y Puerto Chiapas con cerca de 1,200 kilómetros de vías ferroviarias y una red de catorce Polos de Desarrollo para el Bienestar destinados a actividades industriales y logísticas. El proyecto incorpora estímulos fiscales, suelo industrial, ampliaciones portuarias, carreteras, telecomunicaciones e infraestructura energética. Su desarrollo ha generado conflictos relacionados con propiedad social de la tierra, consultas indígenas, extracción de materiales, militarización, criminalización de personas defensoras y presión sobre agua y energía. Comunidades binnizá, ayuujk y otras organizaciones del Istmo han realizado asambleas, amparos, bloqueos ferroviarios, caravanas y acciones públicas contra diferentes componentes del proyecto. En Puente Madera y Mogoñé Viejo se han documentado procesos de criminalización y uso de fuerzas de seguridad vinculados con la oposición territorial.