Climática

Durante 2026 el gobierno federal reabrió la posibilidad de explotar los grandes yacimientos de gas no convencional del norte y noreste de México mediante fractura hidráulica. Después de promover la posibilidad de desarrollar una modalidad de “menor impacto” basada en agua reciclada, agua salada y nuevas sustancias químicas, un comité científico convocado por el gobierno recomendó continuar la evaluación únicamente en las cuencas Burgos, en el noreste de Tamaulipas, y Sabinas–Burro–Picachos, entre Coahuila y Nuevo León. Para Tampico–Misantla, que comprende una parte importante del norte de Veracruz y de la Huasteca, recomendó que la explotación de yacimientos no convencionales fuera prohibida. Como primer paso, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua deberá perforar pozos exploratorios para determinar la existencia de agua salada profunda y estudiar su conexión con acuíferos de agua dulce.

El Bosque, una comunidad de Tabasco ubicada en la confluencia de los ríos Grijalva y Usumacinta con el Golfo de México, ha sido la primera en México en ser desplazada por el cambio climático, debido al aumento del nivel del mar que desde 2007 ha ido erosionando su territorio. Tradicionalmente dependiente de la pesca y la agricultura, la comunidad ha visto desaparecer su forma de vida mientras el Estado desestima su vulnerabilidad y rechaza sus solicitudes de reubicación justa y planificada. Desde 2022, los habitantes han exigido respuestas a las autoridades sin éxito, y en 2024 interpusieron una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alegando que la crisis climática no es un problema del futuro, sino una violencia estructural que ya los ha despojado de todo. A esto se suma la expansión de megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, que agravan los impactos ambientales y refuerzan un modelo extractivista que sigue desplazando comunidades. La Caravana El Sur Resiste denunció estos efectos y el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza responsabilizó al Estado mexicano por violaciones a los derechos bioculturales del pueblo maya. Aunque el gobierno ha anunciado la reubicación de El Bosque, no existe un plan integral para atender otras comunidades en riesgo, evidenciando la falta de preparación ante los efectos del cambio climático y la indiferencia institucional frente a los afectados.