El Bosque, una comunidad de Tabasco ubicada en la confluencia de los ríos Grijalva y Usumacinta con el Golfo de México, ha sido la primera en México en ser desplazada por el cambio climático, debido al aumento del nivel del mar que desde 2007 ha ido erosionando su territorio. Tradicionalmente dependiente de la pesca y la agricultura, la comunidad ha visto desaparecer su forma de vida mientras el Estado desestima su vulnerabilidad y rechaza sus solicitudes de reubicación justa y planificada. Desde 2022, los habitantes han exigido respuestas a las autoridades sin éxito, y en 2024 interpusieron una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alegando que la crisis climática no es un problema del futuro, sino una violencia estructural que ya los ha despojado de todo. A esto se suma la expansión de megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, que agravan los impactos ambientales y refuerzan un modelo extractivista que sigue desplazando comunidades. La Caravana El Sur Resiste denunció estos efectos y el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza responsabilizó al Estado mexicano por violaciones a los derechos bioculturales del pueblo maya. Aunque el gobierno ha anunciado la reubicación de El Bosque, no existe un plan integral para atender otras comunidades en riesgo, evidenciando la falta de preparación ante los efectos del cambio climático y la indiferencia institucional frente a los afectados.

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles inició operaciones el 21 de marzo de 2022 en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, dentro de los municipios de Zumpango y Tecámac. Su construcción transformó un proyecto aeroportuario en un proceso regional de reorganización territorial. El Programa Territorial Operativo elaborado por SEDATU para la zona de influencia proyectó más de un millón de habitantes adicionales hacia 2052, 245 mil nuevas viviendas y la necesidad de 6,126 hectáreas para actividades industriales, servicios, recreación y otras funciones urbanas vinculadas al crecimiento de la región. Los principales conflictos documentados se relacionan con el abastecimiento de agua, los sistemas comunitarios que administran pozos en Tecámac y Zumpango, la apropiación y regularización de tierras, la expansión urbana, la transformación de la movilidad y los impactos acumulativos de las obras asociadas. La ASF encontró deficiencias importantes en la evaluación ambiental original, entre ellas que la MIA regional fue elaborada en 45 días y que 47 de sus 58 medidas de mitigación no precisaban cómo atenderían los impactos identificados. Área inmediata de influencia territorial: Nextlalpan, particularmente San Miguel Xaltocan; Tonanitla; Jaltenco; Tultepec; Tultitlán y Tizayuca, Hidalgo. Estos ocho municipios fueron incluidos por SEDATU dentro del Programa Territorial Operativo de la Zona Norte del Valle de México elaborado específicamente para atender las transformaciones asociadas con el AIFA. Otras localidades y territorios directamente relacionados: San Lucas Xoloc, Santiago Atocan, Xaltocan y San Francisco Tenopalco, cuyas tierras aparecen en el decreto de expropiación de 2021. Este último núcleo pertenece a Melchor Ocampo, municipio que no forma parte de los ocho originalmente comprendidos en el PTO. Sistemas ambientales relacionados: acuífero Cuautitlán–Pachuca, Laguna de Zumpango y acuífero Valle del Mezquital. Relación metabólica ampliada: Tula y el Valle del Mezquital, Hidalgo. La propia planeación territorial del AIFA contempló un acueducto desde el acuífero Valle del Mezquital como fuente externa de abastecimiento. La ASF confirmó que SEDENA había establecido acuerdos con CONAGUA para desarrollar esta alternativa.