Perdida de modos de subsistencia tradicionales / locales

La construcción de la autopista San Cristóbal de Las Casas–Palenque, denominada oficialmente Ruta de las Culturas Mayas, representa una nueva etapa de expansión de infraestructura turística y de reorganización territorial en la Selva Norte y los Altos de Chiapas. Promovida por los gobiernos federal y estatal, busca reducir los tiempos de traslado entre dos de los principales destinos turísticos del estado y facilitar la conexión con sitios como Misol-Há y las Cascadas de Agua Azul. El proyecto atraviesa territorios históricamente habitados por pueblos tseltales, ch'oles y tsotsiles, donde diversas comunidades denuncian la ausencia de una consulta indígena adecuada, la apropiación de tierras, la afectación de manantiales y la destrucción de bosques, parcelas y sitios de importancia cultural. Desde 2025, organizaciones como el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE) han intensificado sus acciones de resistencia. Aunque la carretera es presentada como una oportunidad de desarrollo regional, sus impactos documentados muestran cómo la conectividad turística puede producir nuevas formas de despojo, dependencia económica y sacrificio socioecológico.

Durante 2026 el gobierno de Claudia Sheinbaum reabrió la posibilidad de explotar los yacimientos de gas no convencional del norte y noreste de México mediante la técnica de fractura hidráulica. La fractura Hidráulica o Fracking consiste en la perforación de un pozo vertical hasta alcanzar la formación que contiene gas o petróleo. Seguidamente, se realizan una serie de perforaciones horizontales en la lutita, que pueden extenderse por varios kilómetros en diversas direcciones. A través de estos pozos horizontales se fractura la roca con la inyección de una mezcla de agua, arena y sustancias químicas a elevada presión que fuerza el flujo y salida de los hidrocarburos de los poros. Pero este flujo disminuye muy pronto, por lo cual es necesario perforar nuevos pozos para mantener la producción de los yacimientos. Por este motivo, la fracturación hidráulica conlleva la ocupación de vastas extensiones de territorio (AMCF, s.f.). Después de promover la posibilidad de desarrollar una modalidad de “menor impacto” o "sustentable" basada en agua reciclada, agua salada y nuevas sustancias químicas, un comité científico convocado por el gobierno recomendó continuar la evaluación únicamente en las cuencas Burgos, en el noreste de Tamaulipas, y Sabinas–Burro–Picachos, entre Coahuila y Nuevo León. Para Tampico–Misantla, que comprende una parte importante del norte de Veracruz y de la Huasteca, recomendó que la explotación de yacimientos no convencionales fuera prohibida. Como primer paso, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua deberá perforar pozos exploratorios para determinar la existencia de agua salada profunda y estudiar su conexión con acuíferos de agua dulce.

La mina Pasta de Conchos constituye uno de los ejemplos más emblemáticos de las zonas de sacrificio asociadas al extractivismo minero y energético en México. El 19 de febrero de 2006, una explosión de gas metano y polvo de carbón en la Mina 8, propiedad de Grupo México, provocó la muerte de 65 trabajadores. El desastre ocurrió después de años de advertencias sobre graves deficiencias de seguridad, toleradas tanto por la empresa como por las autoridades encargadas de supervisar las condiciones laborales. Tras la suspensión del rescate en 2007, las familias emprendieron una lucha sostenida por la recuperación de los cuerpos, el esclarecimiento de las responsabilidades y la reparación del daño. Durante casi dos décadas enfrentaron la negativa institucional a continuar las labores. El reinicio del rescate, impulsado por su organización y persistencia, ha demostrado que la recuperación era técnicamente posible. Pasta de Conchos revela cómo la extracción de valor y energía puede sostenerse mediante la subordinación de la vida de los trabajadores y de las comunidades a los intereses empresariales, bajo condiciones institucionales que normalizan daños irreversibles.

El Río Santiago atraviesa en El Salto y Juanacatlán una de las regiones industriales más importantes de Jalisco. Desde la segunda mitad del siglo XX, la expansión del Corredor Industrial Ocotlán–El Salto convirtió al río y a varios de sus afluentes en receptores de descargas industriales, aguas residuales urbanas, residuos agropecuarios y otros contaminantes. Un inventario oficial realizado en 2006 identificó 305 fuentes de contaminación en cuatro municipios de la cuenca, de las cuales 271 eran industriales. Estudios posteriores documentaron metales pesados, compuestos orgánicos tóxicos, contaminación microbiológica y cientos de sustancias químicas en el sistema hídrico. Las comunidades de El Salto y Juanacatlán han denunciado durante décadas afectaciones al agua, aire, salud y formas de vida. Organismos de derechos humanos estatales, nacionales e internacionales han reconocido la gravedad del caso. A pesar de nuevas inversiones y programas de saneamiento entre 2025 y 2026, la contaminación persiste y el territorio continúa sometido a presión industrial, urbana e infraestructural.

La Cuenca del Alto Atoyac, entre Puebla y Tlaxcala, constituye una de las regiones de contaminación industrial y urbana más documentadas de México. Más de seis décadas de industrialización, crecimiento urbano, descarga de aguas residuales, transformación agrícola y regulación ambiental insuficiente han deteriorado los ríos Atoyac, Zahuapan, Xochiac y sus afluentes. En 2011, el gobierno federal reconoció oficialmente la alteración de la calidad del Atoyac y el Xochiac por descargas industriales y municipales. En 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó violaciones a los derechos a un medio ambiente sano, al saneamiento del agua y al acceso a la información. La investigación científica posterior ha registrado mezclas complejas de metales, compuestos orgánicos, plaguicidas y otros contaminantes, así como indicadores de exposición y daño biológico en poblaciones de la cuenca. La contaminación continúa activa. En 2026 el diagnóstico gubernamental reportó alrededor de 4,900 puntos de descarga a lo largo de los ríos Atoyac y Zahuapan. Por número, la mayoría corresponde a descargas domésticas y municipales, mientras que las industriales representan un problema de toxicidad y regulación especialmente complejo. El gobierno federal ha iniciado un nuevo programa de saneamiento, mientras organizaciones comunitarias mantienen la exigencia de detener las fuentes contaminantes, reparar los daños y garantizar su participación efectiva en las decisiones sobre la cuenca. Para efectos del programa federal de saneamiento iniciado en el actual sexenio, la cuenca comprende 70 municipios, 48 de Tlaxcala y 22 de Puebla. La delimitación empleada por la revisión científica de Torres, Ramírez-Anguiano y Arroyo-Ortega comprende 69 municipios, 47 de Tlaxcala y 22 de Puebla.

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles inició operaciones el 21 de marzo de 2022 en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, dentro de los municipios de Zumpango y Tecámac. Su construcción transformó un proyecto aeroportuario en un proceso regional de reorganización territorial. El Programa Territorial Operativo elaborado por SEDATU para la zona de influencia proyectó más de un millón de habitantes adicionales hacia 2052, 245 mil nuevas viviendas y la necesidad de 6,126 hectáreas para actividades industriales, servicios, recreación y otras funciones urbanas vinculadas al crecimiento de la región. Los principales conflictos documentados se relacionan con el abastecimiento de agua, los sistemas comunitarios que administran pozos en Tecámac y Zumpango, la apropiación y regularización de tierras, la expansión urbana, la transformación de la movilidad y los impactos acumulativos de las obras asociadas. La ASF encontró deficiencias importantes en la evaluación ambiental original, entre ellas que la MIA regional fue elaborada en 45 días y que 47 de sus 58 medidas de mitigación no precisaban cómo atenderían los impactos identificados. Área inmediata de influencia territorial: Nextlalpan, particularmente San Miguel Xaltocan; Tonanitla; Jaltenco; Tultepec; Tultitlán y Tizayuca, Hidalgo. Estos ocho municipios fueron incluidos por SEDATU dentro del Programa Territorial Operativo de la Zona Norte del Valle de México elaborado específicamente para atender las transformaciones asociadas con el AIFA. Otras localidades y territorios directamente relacionados: San Lucas Xoloc, Santiago Atocan, Xaltocan y San Francisco Tenopalco, cuyas tierras aparecen en el decreto de expropiación de 2021. Este último núcleo pertenece a Melchor Ocampo, municipio que no forma parte de los ocho originalmente comprendidos en el PTO. Sistemas ambientales relacionados: acuífero Cuautitlán–Pachuca, Laguna de Zumpango y acuífero Valle del Mezquital. Relación metabólica ampliada: Tula y el Valle del Mezquital, Hidalgo. La propia planeación territorial del AIFA contempló un acueducto desde el acuífero Valle del Mezquital como fuente externa de abastecimiento. La ASF confirmó que SEDENA había establecido acuerdos con CONAGUA para desarrollar esta alternativa.

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es una plataforma logística, ferroviaria, portuaria, energética e industrial creada por el gobierno federal en 2019 y administrada desde 2023 por la Secretaría de Marina. Articula los puertos de Coatzacoalcos, Salina Cruz, Dos Bocas y Puerto Chiapas con cerca de 1,200 kilómetros de vías ferroviarias y una red de catorce Polos de Desarrollo para el Bienestar destinados a actividades industriales y logísticas. El proyecto incorpora estímulos fiscales, suelo industrial, ampliaciones portuarias, carreteras, telecomunicaciones e infraestructura energética. Su desarrollo ha generado conflictos relacionados con propiedad social de la tierra, consultas indígenas, extracción de materiales, militarización, criminalización de personas defensoras y presión sobre agua y energía. Comunidades binnizá, ayuujk y otras organizaciones del Istmo han realizado asambleas, amparos, bloqueos ferroviarios, caravanas y acciones públicas contra diferentes componentes del proyecto. En Puente Madera y Mogoñé Viejo se han documentado procesos de criminalización y uso de fuerzas de seguridad vinculados con la oposición territorial.

El Bosque, una comunidad de Tabasco ubicada en la confluencia de los ríos Grijalva y Usumacinta con el Golfo de México, ha sido la primera en México en ser desplazada por el cambio climático, debido al aumento del nivel del mar que desde 2007 ha ido erosionando su territorio. Tradicionalmente dependiente de la pesca y la agricultura, la comunidad ha visto desaparecer su forma de vida mientras el Estado desestima su vulnerabilidad y rechaza sus solicitudes de reubicación justa y planificada. Desde 2022, los habitantes han exigido respuestas a las autoridades sin éxito, y en 2024 interpusieron una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alegando que la crisis climática no es un problema del futuro, sino una violencia estructural que ya los ha despojado de todo. A esto se suma la expansión de megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, que agravan los impactos ambientales y refuerzan un modelo extractivista que sigue desplazando comunidades. La Caravana El Sur Resiste denunció estos efectos y el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza responsabilizó al Estado mexicano por violaciones a los derechos bioculturales del pueblo maya. Aunque el gobierno ha anunciado la reubicación de El Bosque, no existe un plan integral para atender otras comunidades en riesgo, evidenciando la falta de preparación ante los efectos del cambio climático y la indiferencia institucional frente a los afectados.

La Zona del Valle del Mezquital ha sido considerada como una de las zonas más contaminadas del planeta. Se le ha denominado como un "infierno ambiental" debido a la concentración de corredores industriales, el desague de las aguas negras que llegan de la Ciudad de México, la presencia de un importante complejo industrial energético.