Casos de afectaciones a la salud por contaminación del aire, agua y suelo han sido ampliamente documentados. La declaración de infierno ambiental o zona de emergencia sanitaria ha reconocido el impacto en la población de la región. Según el INECC, de los 12 municipios de la zona —en los cuales solo se miden emisiones en seis—, cuatro no cumplen con los límites establecidos por las normas para las emisiones de gases que regulan la calidad del aire, en particular en lo que respecta a las partículas PM10 y PM2.5.

Las consecuencias también son visibles en el territorio: más de 80,000 hectáreas son regadas con aguas negras que llegan con poco tratamiento desde la Zona Metropolitana del Valle de México.

Zonas y territorios enteros se han visto visiblemente afectados por la contaminación del agua, del aire y del suelo.

El 26 de septiembre del 2024 el gobierno federal declaró como Zona de Restauración Ecológica el área de influencia de la presa Endhó. La declaratoria comprende 36,637.93 hectáreas distribuidas entre Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Tepeji del Río de Ocampo, Tepetitlán, Tezontepec de Aldama, Tlahuelilpan, Tlaxcoapan y Tula de Allende. El decreto reconoce que la región presenta procesos acelerados de degradación que requieren acciones para recuperar el agua, el aire, los suelos, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. La medida constituye uno de los reconocimientos estatales más claros del deterioro acumulado que durante décadas han denunciado habitantes y organizaciones de la región.

Durante 2025 y 2026 este reconocimiento comenzó a traducirse en acciones de restauración. Semarnat elaboró un Programa de Restauración Ecológica para la zona de influencia de la presa Endhó que contempla saneamiento y monitoreo de ríos, presas y pozos, tratamiento de aguas residuales, recuperación de suelos, reforestación, reducción de contaminantes industriales y atención a problemas como la proliferación de lirio acuático y del mosquito Culex. El programa tendrá una duración estimada de 12 años a partir de su publicación. Desde marzo de 2026, Semarnat y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas iniciaron un proceso de consulta previa, libre e informada (Sic.) con comunidades indígenas hñähñu de la región para discutir las acciones propuestas.

En julio de 2026, el gobierno federal informó que se habían retirado alrededor de 110 mil metros cúbicos de lirio acuático de la presa Endhó y que se realizaban fumigaciones en comunidades ribereñas para controlar el mosquito Culex. También se anunció la rehabilitación y ampliación de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales, junto con colectores y seis kilómetros de obras de protección contra inundaciones concentradas principalmente en Tula.

Estas medidas de reparación conviven, sin embargo, con una nueva etapa de inversión en el complejo energético de Tula. La CFE desarrolla la nueva Central de Ciclo Combinado Francisco Pérez Ríos, que en marzo de 2026 se encontraba en desarrollo constructivo y tendría una capacidad de 930 MW. La política federal busca sustituir el uso de combustóleo de la termoeléctrica por gas natural y aumentar la eficiencia de la generación eléctrica.  Aunque este cambio puede reducir algunos contaminantes asociados con la quema de combustóleo, mantiene a Tula dentro de un metabolismo energético fósil y refuerza su dependencia del suministro de gas. Esa dependencia es considerable. En enero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que “prácticamente el 90 por ciento” del gas consumido en México provenía de Texas. Datos presentados posteriormente por el propio gobierno situaron las importaciones en cerca del 75% del consumo nacional, procedentes fundamentalmente de Estados Unidos y, en buena medida, de yacimientos de gas no convencional de Texas.

La Refinería Miguel Hidalgo tampoco se encuentra en proceso de retiro. En enero de 2026, el gobierno federal informó que la refinería alcanzaba niveles de proceso de aproximadamente 270 mil barriles diarios y que la coquizadora se encontraba en operación. Al mismo tiempo continuaban las obras de modernización mediante la instalación de infraestructura de hidrodesulfuración destinada a producir gasolina y diésel con menor contenido de azufre. El gobierno prevé concluir estas obras durante 2026 (Presidencia de la República, 2026d).  La reducción del combustóleo y del contenido de azufre puede disminuir algunas formas de contaminación, pero la ampliación de la capacidad de refinación mantiene a Tula como un nodo central de procesamiento de hidrocarburos. La restauración ambiental ocurre así al mismo tiempo que se moderniza la infraestructura que sostiene el metabolismo industrial de la región.

Esta contradicción también apareció alrededor del proyecto denominado Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar, Parque Hidalgo. En agosto de 2025, Semarnat declaró como Polo de Desarrollo una superficie de 2,751,048.080 m² ubicada en Tlaxcoapan y Atitalaquia y propiedad de Pemex. La declaratoria forma parte de una política de "economía circular" (Sic.) que busca atraer proyectos vinculados con el manejo y aprovechamiento de residuos y que el gobierno presentó dentro de sus estrategias de restauración y justicia ambiental.  El proyecto encontró una oposición importante en las comunidades de la región. En la consulta del 14 de diciembre de 2025 participaron 12,259 personas. 7,736 votaron en contra, equivalentes al 63.1%, y 4,334 votaron a favor, el 35.4%. La oposición fue mayoritaria en Atitalaquia y Tlaxcoapan.

El rechazo tuvo consecuencias directas. El 23 de julio de 2026, Semarnat publicó en el Diario Oficial de la Federación la abrogación de la declaratoria del Polo. El acuerdo reconoce que el resultado de la consulta alteró las condiciones de viabilidad social del proyecto. También registra que Pemex comunicó en abril de 2026 que consideraba inviable continuar ante el “disenso social” existente. La declaratoria quedó formalmente sin efectos (DOF, 2026).  Este episodio es especialmente importante para entender las resistencias en Tula. La población no aparece únicamente como receptora de programas de restauración o como víctima de la contaminación. La movilización y el rechazo organizado consiguieron frenar un proyecto impulsado por instituciones federales y convertir ese desacuerdo territorial en una decisión administrativa formal.

El Estado ha reconocido formalmente que existe una degradación ambiental grave y ha comenzado a destinar recursos para sanear agua y suelos, controlar contaminantes y restaurar ecosistemas. Al mismo tiempo, moderniza la refinería, desarrolla nueva generación eléctrica basada en gas fósil y mantiene a la región como un nodo estratégico para la producción de energía, la refinación, la industria, el agua y el manejo de residuos. La restauración no implica todavía el desmantelamiento de las relaciones industriales que produjeron históricamente la degradación. El caso del Polo de Economía Circular muestra que esta propuesta de restaruación tampoco ocurre sin conflicto. Las comunidades continúan disputando qué actividades pueden instalarse en el territorio y qué proyectos deben ser rechazados.