Ecocidio

La construcción de la autopista San Cristóbal de Las Casas–Palenque, denominada oficialmente Ruta de las Culturas Mayas, representa una nueva etapa de expansión de infraestructura turística y de reorganización territorial en la Selva Norte y los Altos de Chiapas. Promovida por los gobiernos federal y estatal, busca reducir los tiempos de traslado entre dos de los principales destinos turísticos del estado y facilitar la conexión con sitios como Misol-Há y las Cascadas de Agua Azul. El proyecto atraviesa territorios históricamente habitados por pueblos tseltales, ch'oles y tsotsiles, donde diversas comunidades denuncian la ausencia de una consulta indígena adecuada, la apropiación de tierras, la afectación de manantiales y la destrucción de bosques, parcelas y sitios de importancia cultural. Desde 2025, organizaciones como el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE) han intensificado sus acciones de resistencia. Aunque la carretera es presentada como una oportunidad de desarrollo regional, sus impactos documentados muestran cómo la conectividad turística puede producir nuevas formas de despojo, dependencia económica y sacrificio socioecológico.

Durante 2026 el gobierno de Claudia Sheinbaum reabrió la posibilidad de explotar los yacimientos de gas no convencional del norte y noreste de México mediante la técnica de fractura hidráulica. La fractura Hidráulica o Fracking consiste en la perforación de un pozo vertical hasta alcanzar la formación que contiene gas o petróleo. Seguidamente, se realizan una serie de perforaciones horizontales en la lutita, que pueden extenderse por varios kilómetros en diversas direcciones. A través de estos pozos horizontales se fractura la roca con la inyección de una mezcla de agua, arena y sustancias químicas a elevada presión que fuerza el flujo y salida de los hidrocarburos de los poros. Pero este flujo disminuye muy pronto, por lo cual es necesario perforar nuevos pozos para mantener la producción de los yacimientos. Por este motivo, la fracturación hidráulica conlleva la ocupación de vastas extensiones de territorio (AMCF, s.f.). Después de promover la posibilidad de desarrollar una modalidad de “menor impacto” o "sustentable" basada en agua reciclada, agua salada y nuevas sustancias químicas, un comité científico convocado por el gobierno recomendó continuar la evaluación únicamente en las cuencas Burgos, en el noreste de Tamaulipas, y Sabinas–Burro–Picachos, entre Coahuila y Nuevo León. Para Tampico–Misantla, que comprende una parte importante del norte de Veracruz y de la Huasteca, recomendó que la explotación de yacimientos no convencionales fuera prohibida. Como primer paso, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua deberá perforar pozos exploratorios para determinar la existencia de agua salada profunda y estudiar su conexión con acuíferos de agua dulce.

Querétaro se ha convertido en el principal nodo de infraestructura digital de México. Microsoft, Google Cloud, Amazon Web Services, Ascenty y otras empresas ya operan instalaciones en el estado, mientras nuevos proyectos anuncian una expansión considerable de la capacidad instalada. En septiembre de 2025 el gobierno federal anunció, dentro del Plan México, una inversión de 4,800 millones de dólares de CloudHQ para construir seis centros de datos sobre 52 hectáreas. La expansión ocurre en una región sometida periódicamente a sequía y con comunidades que reportan problemas de abastecimiento de agua, cortes eléctricos y poca información sobre los requerimientos reales de las instalaciones.

La mina Pasta de Conchos constituye uno de los ejemplos más emblemáticos de las zonas de sacrificio asociadas al extractivismo minero y energético en México. El 19 de febrero de 2006, una explosión de gas metano y polvo de carbón en la Mina 8, propiedad de Grupo México, provocó la muerte de 65 trabajadores. El desastre ocurrió después de años de advertencias sobre graves deficiencias de seguridad, toleradas tanto por la empresa como por las autoridades encargadas de supervisar las condiciones laborales. Tras la suspensión del rescate en 2007, las familias emprendieron una lucha sostenida por la recuperación de los cuerpos, el esclarecimiento de las responsabilidades y la reparación del daño. Durante casi dos décadas enfrentaron la negativa institucional a continuar las labores. El reinicio del rescate, impulsado por su organización y persistencia, ha demostrado que la recuperación era técnicamente posible. Pasta de Conchos revela cómo la extracción de valor y energía puede sostenerse mediante la subordinación de la vida de los trabajadores y de las comunidades a los intereses empresariales, bajo condiciones institucionales que normalizan daños irreversibles.

El Río Santiago atraviesa en El Salto y Juanacatlán una de las regiones industriales más importantes de Jalisco. Desde la segunda mitad del siglo XX, la expansión del Corredor Industrial Ocotlán–El Salto convirtió al río y a varios de sus afluentes en receptores de descargas industriales, aguas residuales urbanas, residuos agropecuarios y otros contaminantes. Un inventario oficial realizado en 2006 identificó 305 fuentes de contaminación en cuatro municipios de la cuenca, de las cuales 271 eran industriales. Estudios posteriores documentaron metales pesados, compuestos orgánicos tóxicos, contaminación microbiológica y cientos de sustancias químicas en el sistema hídrico. Las comunidades de El Salto y Juanacatlán han denunciado durante décadas afectaciones al agua, aire, salud y formas de vida. Organismos de derechos humanos estatales, nacionales e internacionales han reconocido la gravedad del caso. A pesar de nuevas inversiones y programas de saneamiento entre 2025 y 2026, la contaminación persiste y el territorio continúa sometido a presión industrial, urbana e infraestructural.

El Bosque, una comunidad de Tabasco ubicada en la confluencia de los ríos Grijalva y Usumacinta con el Golfo de México, ha sido la primera en México en ser desplazada por el cambio climático, debido al aumento del nivel del mar que desde 2007 ha ido erosionando su territorio. Tradicionalmente dependiente de la pesca y la agricultura, la comunidad ha visto desaparecer su forma de vida mientras el Estado desestima su vulnerabilidad y rechaza sus solicitudes de reubicación justa y planificada. Desde 2022, los habitantes han exigido respuestas a las autoridades sin éxito, y en 2024 interpusieron una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alegando que la crisis climática no es un problema del futuro, sino una violencia estructural que ya los ha despojado de todo. A esto se suma la expansión de megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, que agravan los impactos ambientales y refuerzan un modelo extractivista que sigue desplazando comunidades. La Caravana El Sur Resiste denunció estos efectos y el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza responsabilizó al Estado mexicano por violaciones a los derechos bioculturales del pueblo maya. Aunque el gobierno ha anunciado la reubicación de El Bosque, no existe un plan integral para atender otras comunidades en riesgo, evidenciando la falta de preparación ante los efectos del cambio climático y la indiferencia institucional frente a los afectados.

El Tren Maya es un megaproyecto de infraestructura ferroviaria en el sureste de México que, lejos de ser un simple medio de transporte, se ha convertido en un eje central del modelo extractivista en la región. Con el argumento de impulsar el desarrollo, el tren facilita la expansión de megaproyectos turísticos, agroindustriales y energéticos, promoviendo la privatización de tierras comunales y el desplazamiento de comunidades indígenas y campesinas. Su construcción está ligada a la implementación de polos de desarrollo que favorecen a empresas privadas y fomentan la especulación inmobiliaria, mientras que también refuerza el modelo de explotación de recursos naturales, impulsando la generación de energía a través de proyectos eólicos, solares y gasíferos. A pesar de ser presentado como un proyecto de desarrollo sostenible, el Tren Maya ha generado impactos ambientales y sociales significativos, incluyendo la destrucción de ecosistemas y la fragmentación del tejido comunitario. Su implementación ha sido respaldada por políticas gubernamentales que han recurrido a la militarización y a consultas deficientes con las comunidades indígenas, deslegitimando su derecho a la autodeterminación. En este sentido, más que una propuesta de desarrollo inclusivo, el proyecto representa la continuidad de un modelo colonial que reconfigura el territorio en función de intereses empresariales y transnacionales, consolidando dinámicas de despojo y explotación bajo la retórica del progreso y la modernización.

Petacalco es una comunidad costera del municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero, con alrededor de 4,000 habitantes. En 1993 comenzó a operar la Central Termoeléctrica Presidente Plutarco Elías Calles, administrada por la Comisión Federal de Electricidad. La central cuenta con siete unidades generadoras, seis de 350 MW y una de 678 MW, con una capacidad instalada de aproximadamente 2,778 MW. Es una de las principales centrales termoeléctricas del país y una de las pocas instalaciones fuera de la región carbonífera de Coahuila que continúa utilizando carbón para generar electricidad.